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La entrada en vigencia de la Ley N.º 21.595, conocida como la Ley de Delitos Económicos, marca un punto de inflexión para las empresas en Chile. Esta nueva normativa, promulgada en 2023, endurece las sanciones y amplía el catálogo de delitos aplicables a las personas jurídicas e impone la necesidad de que las organizaciones revisen y refuercen sus modelos de prevención y cumplimiento.
A continuación, exploramos los principales cambios y cómo las empresas pueden prepararse para cumplir con estas nuevas exigencias.
Uno de los aspectos más destacados de la Ley N.º 21.595 es la ampliación significativa del catálogo de delitos, más de 230, por los cuales las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables.
A diferencia de la Ley 20.393, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas pero tuvo un impacto limitado debido a su alcance restringido y a la inexperiencia en su aplicación, la nueva ley incorpora una variedad de delitos económicos, incluyendo los delitos tributarios.
La Ley de Delitos Económicos es la reforma más relevante introducida al Código Penal chileno desde sus inicios.
Entre las principales sanciones aplicables se encuentran la extinción de la persona jurídica, la inhabilitación para contratar con el Estado, comiso de ganancias y multas significativas.
Además, la ley introduce la pena de "días multa", ajustada según los ingresos del condenado, y un nuevo enfoque para el comiso de ganancias derivadas de delitos, reforzando el mensaje de tolerancia cero hacia el fraude y la evasión fiscal.
La Ley de Delitos Económicos no solo endurece y amplía las sanciones para las personas naturales involucradas en delitos económicos, sino que también refuerza la responsabilidad penal de las personas jurídicas, creando nuevas atenuantes y agravantes específicas.
Entre las principales novedades:
El impacto de la Ley N.º 21.595 es profundo, especialmente en sectores como la construcción, donde la gestión financiera, de proveedores y contractual son aspectos clave. Las nuevas exigencias obligan a las empresas a adoptar controles más estrictos y transparentes para prevenir prácticas ilícitas.
Sin embargo, implementar estos controles no está exento de desafíos, si se considera por ejemplo la Encuesta Global de Integridad 2024 de EY, donde el 61% de los encuestados en Chile cree que hay gerentes en su organización que sacrificaría la integridad para obtener ganancias financieras personales.
Lo anterior, subraya la necesidad de adoptar un enfoque riguroso en la supervisión y en el diseño de políticas preventivas que sean realmente efectivas.
Respecto a aspectos tributarios, dentro de las novedades la ley penaliza no solo fraudes tributarios complejos, sino también conductas aparentemente sencillas, como recibir beneficios indebidos por donaciones o falsear la declaración de autorización de domicilio.
Los nuevos cambios requieren que las empresas eleven sus estándares de supervisión y adopten un enfoque proactivo en la gestión de políticas preventivas. Para cumplir con estas nuevas exigencias deben implementar modelos robustos de prevención de delitos económicos.
Estos modelos deben incluir controles internos efectivos y su implementación es de tal relevancia que pueden ser considerados para inhibir responsabilidad penal.
Sin embargo, la inclusión de estos modelos no está exenta de desafíos. Las empresas deben enfrentar la resistencia al cambio y la necesidad de capacitación continua para adaptar sus sistemas a las nuevas normativas.
Si revisamos el reporte de integridad de EY al respecto, solo el 36% de los encuestados en Chile indicó que sus organizaciones cuentan con capacitaciones a su personal para que realicen la debida diligencia de terceras partes.
Las plataformas digitales pueden ser herramientas valiosas para gestionar y controlar aspectos críticos a los que se ven expuestos a delitos económicos. La digitalización y automatización de procesos permite estándares de transparencia, trazabilidad y auditorías mucho más altos respecto a metodologías demasiado dependientes del factor humano.
Este tipo de tecnologías ha demostrado ser efectivo en la reducción del tiempo de detección de fraudes y en la disminución de los costos asociados a errores humanos. De acuerdo con otro informe de EY, el uso de análisis de datos y técnicas avanzadas en auditorías ha reducido el tiempo de detección de fraudes en un 30% y ha disminuido los costos relacionados con errores humanos en un 25%.
A través de módulos como Gestión de compras, Facturación Electrónica y Portal de Pago a Proveedores, ICONSTRUYE permite una mayor transparencia y control en cada etapa del proceso.
La digitalización de estos procesos, además de optimizar la eficiencia operativa, reduce significativamente el riesgo de incurrir en delitos económicos al garantizar una trazabilidad completa, estrictos flujos de aprobación y una auditoría exhaustiva de todas las transacciones.
Con soluciones diseñadas para cumplir con los estándares más altos de supervisión, ICONSTRUYE ayuda a las empresas a mitigar riesgos, mantener su integridad corporativa y proteger su reputación en un entorno legal cada vez más exigente.
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